Una de las tareas fundamentales que tiene el Estado es garantizar la seguridad a todos sus ciudadanos. La pandemia de la covid-19 es en la actualidad el principal factor de riesgo.
El sistema de seguridad nacional, definido principalmente en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, no ha funcionado y, al contrario, ha permitido que el nivel de vulnerabilidad del Estado y sus ciudadanos haya aumentado.
A más de la covid-19, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la migración irregular, el incremento de grupos insurgentes, la corrupción y el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la minería ilegal, el deterioro del medio ambiente, los ataques a la seguridad cibernética, el derrame de sustancias tóxicas y peligrosas, entre otros, son las principales amenazas y riesgos a la seguridad.
A ello se suma que varias de estas amenazas y riesgos muchas veces no son tan claramente identificables. Por ejemplo, detrás del problema de las muertes violentas en las cárceles del país, los ajustes de cuentas y la disputa por el control de las mismas están el tráfico de drogas, el sicariato, los vínculos con los carteles internacionales de la droga, etc. Entonces, muchas de estas actividades ilícitas tienen intrincadas relaciones, con nexos a nivel nacional e internacional.
No obstante, los diferentes estamentos del Estado se han quedado rezagados en el combate y neutralización de estas amenazas. Los medios con los que cuenta el Estado son insuficientes. Y no solo me refiero a la pérdida de la capacidad operativa de la policía y fuerzas armadas sino incluso a la existencia de normas, políticas públicas y diseño institucional inadecuados. Eso impide actuar con eficacia y efectividad.
Por ello es acertado que el gobierno presidente Guillermo Lasso atienda los pedidos de Fuerzas Armadas y de la Policía para mejorar su capacidad operativa. En el caso del sector defensa, el Ejército ha planteado crear una brigada mecanizada que contribuya a enfrentar, junto a la Policía Nacional, al narcotráfico y la delincuencia organizada internacional. En cuanto a la Fuerza Aérea, una de las tantas tareas radica en mejorar el sistema de defensa aéreo. Uno de los proyectos clave tiene que ver con el montaje de un sistema de radares que permita identificar el ingreso de aeronaves vinculadas con los carteles mexicanos de la droga. La instalación de un radar en el cerro de Montecristi es un primer paso positivo.
En cuanto a la marina, la dotación de lanchas multipropósito para el patrullaje en los ríos en la Amazonía y Esmeraldas es importante para el control de grupos irregulares y del narcotráfico en la zona de frontera, así como la renovación de fragatas misileras para supervisión de flotas extranjeras en las inmediaciones de nuestras cosas y la zona económica exclusiva.
No obstante, se deben emprender mayores esfuerzos en torno de actualización de normas, políticas, planes y acciones que permitan reducir la vulnerabilidad e inseguridad del Ecuador.