Escándalos malintencionados

“Vamos a retomar las acciones de octubre del 2019”. “Aceptamos la invitación del Presidente, pero las movilizaciones no están suspendidas, nuestros simpatizantes están asignados en territorio, en caso de que el diálogo vuelva a romperse”. “El país atraviesa por una crisis de gobernabilidad, de conflicto social y de vergüenza colectiva”. Son frases que conjugan la actitud coincidente de dos grupos sociales y políticos, uno dependiente de un cacicazgo indígena y otro obsesionado por desvanecer condenas y sanciones aplicadas al numeroso grupo de exfuncionarios corruptos.

Los líderes indígenas poseen un poder de convocatoria basado en la administración de las “Juntas de Agua”, mediante la cual dan o suspenden la distribución del líquido vital y la utilizan como medio coercitivo con el que obligan a los indígenas a participar en las marchas, si no concurren les multan en una suma que varía de 20 a 40 dólares; les otorgan la alternativa de enviar a representantes o compensar su inasistencia con el aporte de comestibles para los manifestantes, si no lo hacen no les proveen de agua; muchos comuneros no conocen la causa de la protesta, o son engañados con motivaciones falsas, como la de una disminución de salarios.

El vandalismo, elogiado como acto patriótico por el presidente de la Conaie, perjudica a la maltrecha economía nacional que se agrava más al ocasionar la pérdida 200 millones de dólares diarios por la paralización de las actividades productivas, comerciales, transporte e industriales. ¿Produce algún beneficio, a cambio?

Qué diferencia entre estas actitudes destructoras y las colmadas de patriotismo de los indígenas shuares y ashuares que, henchidos de heroísmo, defendieron al Ecuador, cantan el himno nacional e izan el tricolor patrio. Cuánto bien harían al país los depredadores, incendiarios y obstructores de carreteras si guiaran sus intenciones a acabar con la desnutrición de los niños de sus comunas, con el embarazo de sus adolescentes, con la falta de educación y de salud de sus comunidades.

Simultáneamente la labor de la Asamblea converge a este intento de desestabilización democrática al impedir, arbitraria e injustificadamente, que la Comisión de Investigación analice el caso Pandora Papers, en el que se trata de perjudicar al presidente Lasso, y entrega esta gestión a la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada por una mayoría de asambleístas de oposición, para que haga la investigación. El informe de esta mayoría, de acuerdo con varios constitucionalistas, “es una suma de suposiciones e insinuaciones, pero no prueba nada de lo que quiere investigar”; sin embargo, recomienda la destitución del Presidente de la República, hecho al que califican como “no viable”, “ilegal”, “tendrá que ser desechado por inconstitucional”, “informe disparatado”.

El país necesita paz y trabajo para su recuperación, es hora de pensar en la patria y de olvidar cacicazgos y perdón y olvido para los saqueadores del tesoro nacional.