El Banco Central informó el viernes pasado que la economía ecuatoriana creció 2,6% el primer trimestre del 2017, en términos anuales, pero el mercado internacional no se inmutó. Ese día el riesgo país aumentó y cerró en 711 puntos, uno de los más altos en este año.
El mercado y los inversionistas consideran la información nueva que se genera en un país, con el fin de proyectar el comportamiento de una economía a mediano plazo. Y más en el caso de Ecuador, donde hay un nuevo Gobierno en funciones que ofreció cambios en el manejo económico.
El aumento del riesgo país obedece más bien a la rebaja que hizo Standard & Poor’s en la nota crediticia de Ecuador, desde B, considerada estable, a B-, es decir, más vulnerable a un incumplimiento de pagos, aunque el país todavía tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones.
La calificadora de riesgos cree que las vulnerabilidades de la economía nacional son básicamente fiscales y externas. Esa valoración del problema es compartida por varios actores locales y es una herencia de la política económica del gobierno anterior, el cual decidió mantener al Estado como motor de la economía en un escenario de caída de ingresos petroleros. En lugar de ajustar el gasto a la nueva realidad, la salida fue emprender en un fuerte endeudamiento público, a plazos cortos y altas tasas de interés. Eso obligará a destinar más recursos al pago de la deuda, lo cual dejaría el nuevo Régimen con menos recursos para cumplir su ofrecimiento de destinar más recursos al área social. El temor es que se privilegie el gasto social y se sacrifique el pago de obligaciones.
En el sector externo, si bien hubo una recuperación del precio del crudo y de otros productos no petroleros, el levantamiento de las restricciones a las importaciones puso al descubierto la menor competitividad del país en varios sectores. El nuevo Gobierno intenta armar una estrategia con el sector privado, pero mientras no se definen medidas concretas, el mercado seguirá desconfiando del Régimen.