Cuando se promulgó la actual Ley de Contratación Pública, sus autores buscaban procedimientos ágiles y transparentes, que utilizaran las nuevas tecnologías para abaratar costos y reducir los tiempos empleados para contratar.
Quince años después, el Servicio de Contratación Pública (SERCOP), creado para dotar a la Administración de instrumentos adecuados para tramitar sus contratos, se ha convertido en una pesada carga, cuyo objetivo principal parece ser enredarnos en una maraña burocrática, que convierte cualquier intento de contratar en un verdadero vía crucis que agota el tiempo y la paciencia de contratantes y contratistas.
Hoy, para contratar, no es necesario entender principios jurídicos o saber derecho contractual o administrativo; los contratos públicos se han convertido en un problema de técnica informática, que ha relegado al derecho al rincón de los artefactos inútiles. La ley y el reglamento son solo una ínfima parte del ordenamiento vigente sobre contratación pública y les invito a tratar de navegar, y entender, el laberinto que el SERCOP ha creado con páginas y páginas de resoluciones y resoluciones, que se derogan o reforman casi a día seguido y que, en lugar de iluminar el camino, lo llenan de obstáculos y trampas.
Traten, por ejemplo, de entender el mundo de esas resoluciones, entrando en la página web del SERCOP. Para empezar, busqué la codificación de resoluciones de la institución, y lo que primero aparece, es aquella de agosto de 2016, que acaba de ser derogada por otra del 1 de agosto último y que, como era de esperarse, ya ha sido reformada.
La nueva resolución (Normativa Secundaria, se llama), tiene 134 páginas, 356 artículos, 6 disposiciones generales y 6 transitorias, y 8 anexos que superan las 100 páginas, de los cuales solo encuentro uno en el Registro Oficial).
Ver este monumento a la insensatez explica, sin duda, la escandalosa ineficiencia de un gobierno al que, al menos, podemos agradecerle que haya tomado la decisión de retirarse.