La revista Vanguardia, de circulación semanal, no podrá estar en la calle en su siguiente número sino hasta avanzada la semana entrante.
La irrupción en sus oficinas para capturar equipos por incumplimientos laborales es, en esta oportunidad, el argumento. El presidente Rafael Correa dijo desconocer la acción y minimizó el episodio.
En el año 2010 la anterior oficina de la revista fue intervenida por la fuerza por el fideicomiso AGD- CFN. Hasta hoy los materiales incautados no han sido devueltos.
Más allá de los aspectos legales y laborales, esta nueva irrupción se inscribe en un marco de hostilidad evidente contra la prensa en el Ecuador por parte del poder.
Medios incautados, juicios con demandas millonarias y sentencias desproporcionadas, así como ataques verbales injustificables y acoso en cadenas de televisión ordenadas por el Régimen, han pintado una relación agresiva contra la prensa que critica y observa la cosa pública desde los medios independientes, como corresponde en democracia.
El art. 13, numeral tres, de la Convención Americana de Derechos Humanos que Ecuador está obligado a cumplir, dice: ‘No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’. Está clarísimo.
La comunidad internacional sigue de cerca y preocupada el caso de Ecuador y cuestiona los ataques y el intento de aprobar una Ley de Comunicación con contenidos que afectarían la libertad de expresión de toda la gente.