Terrorismo y rebelión. Cualquiera que escuche esas dos palabras podría pensar que estamos en un caos y anarquía. Cualquiera que las escuche y que no viva en el Ecuador, donde la realidad por fortuna difiere del discurso del Régimen y de operadores de justicia que se impresionan por ese poder.
Esta semana se sentenció a los ’10 de Lununcoto’. Pronto saldrán de la cárcel las dos únicas personas, mujeres, que quedaban detenidas. Los demás fueron liberados por vicios de procedimiento. La sentencia alude a ‘tentativa de subversión’. Algo muy raro, porque el juicio se les siguió por el delito de uso y fabricación de explosivos. Pero el poder les llamó terroristas, y la sentencia de los jueces coincidió con esa apreciación.
En otro caso reciente, un grupo de estudiantes del Colegio Central Técnico emprendieron en actos de vandalismo injustificado. Bloquearon las calles y atentaron contra la propiedad privada sin justificación alguna, tal como había ocurrido en incontables protestas estudiantiles.
Decenas están presos. Desde luego deben responsabilizarse por su dislate, pero de allí a pensar que sus acciones desproporcionadas sean un acto de rebelión, solo muestra una reacción desproporcionada también de un poder político decidido a los máximos rigores cuando el orden público se desborda. La criminalización de la protesta se ahonda. Una señal preocupante.