Tras 18 años de litigio, un juez de Lago Agrio condenó a pagar USD 9 500 millones a la empresa Chevron por los daños inferidos a la naturaleza y la salud de miles de habitantes, durante la explotación de 339 pozos a cargo de la empresa Texaco, en consorcio con la estatal ecuatoriana CEPE.
Los expertos califican a esta sentencia sin precedentes como la más importante del siglo. Los impactos ambientales, se dice, superan los del derrame de crudo del barco Exxon Valdez en Alaska y aun la contaminación de 2010 en el Golfo de México de responsabilidad de British Petroleum. La empresa condenada apelará. Considera la sentencia como ilegítima e inejecutable. Antes tuvo un comportamiento sinuoso. Trajo el caso a los juzgados ecuatorianos y luego calificó de corrupta a la justicia de nuestro país. Interpuso recursos en un tribunal de EE.UU. y en la Corte Internacional de La Haya.
Si la sentencia de primera instancia ha tardado tanto tiempo se puede prever que el proceso de apelación será largo. Una de las interrogantes es si los demandantes intentarán imputar parte de la responsabilidad al Estado ecuatoriano, propietario de Petroecuador, empresa heredera de CEPE que conformó consorcio con la norteamericana Texaco, luego absorbida por Chevron.
Los tremendos daños ambientales se causaron en una época donde el cuidado por la naturaleza no era norma universal común. Los intereses del jugoso negocio sacrificaron también la salud de la gente.
Todavía están pendientes las tareas de remediación ambiental así como las acciones para recuperar la salud de los habitantes afectados. El gran desafío es destinar de manera adecuada los posibles fondos provenientes de la demanda para cubrir todos los daños.