El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido durante más de una década factor de polémica y ahora podría ser eliminado.
El camino lo definió con claridad la Corte Constitucional. Se trata de la vía libre para que los proponentes reciban formularios del Consejo Nacional Electoral, recojan firmas y si completan el número requerido lleven la propuesta a la Asamblea.
El movimiento Ahora lo elevó a consulta en la Corte Constitucional, que se pronunció y allana un camino para ese cambio político.
El Consejo de Participación Ciudadana se insertó en el concepto que alentó la revolución ciudadana al amparo de la popularidad de los primeros años de Rafael Correa para, supuestamente, dar voz a los ciudadanos.
Lamentablemente, la tesis elevada a un organismo inscrito dentro de la Función de Transparencia en la Constitución expedida en Montecristi tuvo de todo menos de una auténtica participación de la gente. En realidad se cooptó para afirmar el modelo de poder concentrado que diseñó Correa para controlarlo todo.
Las propuestas ciudadanas no fueron tratadas si no convenían a la visión del oficialismo. Todo lo contrario a la filosofía que supuestamente debía inspirar al organismo.
Después de la década de demolición institucional que alentó Correa vino el cambio de mando y una propuesta de reinstitucionalizar al país por la vía de una consulta popular llevó a la revisión de los personeros de los organismos que había renovado el Cpccs correísta con claro afán de controlarlo todo.
La consulta trajo una solución que no fue tal y ha creado un nuevo problema, el engendro del Consejo actual y los cortocircuitos políticos que ha formado la mayoría de consejeros, que parece manejada con siniestros intereses desde Bélgica.
Más allá del juicio político que la Asamblea adelanta para varios miembros del Cpccs, la posibilidad de eliminar al organismo ahora tiene una vía expedita: recolección de firmas, equivalente al 1% del padrón y la propuesta de una reforma parcial a la Constitución.