En febrero del 2018, a través de una consulta popular, los ecuatorianos votaron a favor de incrementar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Han pasado 15 meses y las autoridades del Gobierno acaban de definir los nuevos límites de esta zona conocida por su gran biodiversidad.
En un principio, la tarea debía cumplirse en un plazo de seis meses, pero las carteras de Ambiente, Justicia y Energía -que eran las encargadas de ejecutar el mandato popular- no llegaban a un acuerdo.
Tal mandato obligaba a incrementar la zona intangible en por lo menos 50 000 hectáreas y a reducir el área de explotación petrolera en el Parque Yasuní, autorizada por la Asamblea, de 1 030 a 300 hectáreas.
Con el Decreto 751, firmado el 21 de mayo pasado, el Gobierno amplía la zona intangible en cerca de 60 000 hectáreas, cumpliendo así con la primera parte del mandato popular, con el objetivo de proteger a los pueblos no contactados del Yasuní.
La segunda parte es la que ha generado un debate entre grupos ambientalistas y autoridades del Régimen. La razón es que el Decreto permite la instalación de plataformas petroleras y la perforación de pozos en la zona de amortiguamiento, un corredor de 10 kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible.
En este corredor queda prohibidala construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, facilidades petroleras y otras infraestructuras, pero se permite la instalación de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos, con las respectivas autorizaciones del Ministerio del Ambiente y de Energía.
Lo anterior viabiliza la explotación total del bloque 43, conocido como Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Actualmente ya se explotan los dos últimos campos, mientras que Ishpingo está demorado por falta de licencias que otorga el Ministerio del Ambiente, lo que redujo en 12 000 barriles diarios la meta de producción del ITT para este año.
El Fisco requiere recursos y el petróleo es una fuente importante de ingresos, pero igual de importante es proteger áreas sensibles en el Yasuní.