Despidos en el sector público
La aplicación de la decisión gubernamental de decretar la compra de renuncias con indemnización ha traído zozobra, no solo entre los funcionarios involucrados y sus familias sino en el sector público en general. Asimismo, preocupa la coherencia del Gobierno en cuanto a su discurso de estabilidad laboral. El decreto 813 establece que 3 500 servidores públicos sean separados de sus cargos.
La puesta en práctica de la decisión empezó el viernes y existe la expectativa de que hasta fin de año otros 300 empleados públicos tendrán que dejar sus cargos.
La primera objeción viene desde el ámbito jurídico, pues quienes cuestionan la medida recuerdan que un decreto no puede reformar una norma mayor, como en este caso sucede con la Ley Orgánica de Servicio Público. Es precisamente esa presunción de inconstitucionalidad la que alentó a los trabajadores, que no están de acuerdo con la medida a plantear un recurso ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el Gobierno ha seguido adelante y los demandantes no confían en los resultados de la gestión, debido a la configuración política de ese organismo, cuyo deber es garantizar los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos.
La segunda objeción es conceptual: si bien el objetivo anunciado es el relevo generacional en el servicio público, las compras de renuncias de manera forzosa no obedecen a estudios técnicos. No hay claridad sobre la manera en que se hacen los relevos, pues los cargos que dejan los empleados despedidos son llenados con nuevos.
La decisión, además, vulnera el discurso gubernamental del respeto a la estabilidad laboral y el derecho al empleo. La rigidez que se aplica para el sector privado, expuesto a los efectos de la crisis, no se cumple en el sector público.
