La Ley de Incentivos para las Asociaciones Público Privadas, que la Asamblea Nacional aprobó en esta semana, activa de nuevo una serie de cuestionamientos.
Como ya ha ocurrido con otras leyes, los reparos son de fondo. En esta oportunidad, en particular, llama la atención la inclusión de componentes nuevos y los cambios de última hora, que no fueron suficientemente analizados, en una legislación que es importante, pues abre las puertas a la inversión privada.La normativa APP pasó al término de una jornada opacada por los roces entre legisladores del oficialismo.
El proyecto, que fue etiquetado de económico urgente, es uno de los mecanismos impulsados por el Gobierno nacional para afrontar la desaceleración económica que vive el Ecuador y que ya está pasando factura en diferentes ámbitos. Pero la crisis obliga a tener más cuidado en las decisiones que se adoptan.
Por ahora es prematuro determinar los efectos de una normativa de este tipo, que a su vez reformará otras 10 leyes.
No obstante, hay que advertir que la falta de un cuidadoso debate de las legislaciones que se aprueban se ha convertido en una práctica de la Asamblea. Y la insuficiencia en el análisis de los textos ha hecho que -más temprano que tarde- se plantee la necesidad de reformas.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) bien puede ser tomado como un ejemplo del flojo procedimiento para la elaboración de leyes, que no termina de ajustarse al cabo de ocho años. Es hora de una revisión a fondo.