La segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán activa un torbellino. No solo en México, sino en otros Estados, por las ramificaciones e intereses que posee el tenebroso Cartel de Sinaloa, que él encabeza.
El narcotraficante más poderoso del mundo escapó el último fin de semana del presidio de alta seguridad de El Altiplano, en Toluca. En el 2001, también se había evadido de la cárcel de Puente Grande.
El episodio, que incluso pareciera sacado de un guión cinematográfico, permite entrever la colaboración de responsables de su custodia. Asimismo, activa una tormenta para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Este, ya de por sí afectado por la masacre de 43 estudiantes normalistas en Iguala, soporta una nueva oleada de cuestionamientos.
Los reparos también provienen de Estados Unidos, que había solicitado la extradición de Guzmán, aunque el pedido fue desestimado.
Las reacciones estadounidenses tienen su explicación: al menos el 25% de las drogas que ingresan a sus mercados de consumo -los mayores del mundo- registra el sello del clan delincuencial dirigido por ‘El Chapo’.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha dicho que es una prioridad recapturar al capo de 58 años, que afronta cargos de narcotráfico y de crimen organizado en las cortes estadounidenses.
La peligrosidad del cabecilla del Cartel de Sinaloa demanda que no solo México se involucre en los esfuerzos para dar con su paradero. Un importante eslabón del sistema de justicia está cuestionado.