En una reunión privada, el relator de la Organización de Naciones Unidas escuchó a los dirigentes indígenas del Ecuador agrupados en la Conaie, para establecer lo ocurrido en las protestas acaecidas en las inmediaciones del lugar donde los mandatarios de la Alba celebraron reuniones sin su presencia.
Como consecuencia de la refriega entre las fuerzas del orden y los indígenas, un fiscal de Otavalo abrió expedientes imputando a dicha dirigencia los delitos de sabotaje y terrorismo. El Jefe de Estado también arremetió contra la dirigencia indígena y justificó la acción de la justicia. Marlon Santi, presidente de la Conaie, presentó casos y dio cuenta de los 65 procesos iniciados contra dirigentes. Dijo que no se les está permitiendo aplicar el derecho a la resistencia.
La Constitución del Ecuador, aprobada por una mayoría de legisladores constituyentes afín al Gobierno, elevó a la categoría de derechos constitucionales una serie de normas garantistas que protegen a los pueblos originarios y consagran la resistencia.
Las Naciones Unidas tienen una relatoría especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Dicha relatoría se fundamenta en la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007. Además, hay otros instrumentos legales como los convenios 169 y 170 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Organizaciones tribales y semitribales en países independientes.
La Constitución garantiza la plena vigencia de esta y otras normas de derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión. Es parte de los acuerdos suscritos y ratificados por el Ecuador y su cumplimiento es obligatorio.