Carlos López

Ecuador, transnacionales y DD.HH.

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La primera versión de una Convención internacional sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales acaba de ser publicada en la sede Europea de la ONU en Ginebra. El autor es el Embajador de Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos, Presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental creado por la ONU para preparar el nuevo tratado.

Esta primera versión de la futura Convención, aun por negociar y aprobar, marca un hito histórico, porque nunca antes se había llegado a la fase de una propuesta de tratado completa para la negociación. El Embajador Gallegos viene de publicar una propuesta de Protocolo que permitiría la presentación de reclamaciones ante un Comité internacional por abusos de derechos humanos cometidos por empresas transnacionales (ETN).

La preocupación dentro la comunidad internacional por los impactos negativos de las actividades empresariales, como las mineras y petroleras, no es nueva.

En los años 70 otra instancia de la ONU empezó la discusión de un Código de Conducta internacional para las TNC, que languideció sin producto claro. Esta vez, con el impulso del Ecuador y el apoyo de Sudáfrica, el proceso avanzó hasta la presente etapa y debe negociarse un texto.

Las propuestas del Embajador Gallegos retoman buena parte de lo ya acordado en otros instrumentos internacionales, pero agrega varias novedades. La propuesta misma se concentra en la creación de normas y mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para las personas y comunidades que se ven afectadas por las empresas. Debido a que muchas veces estas empresas operan en varios países, escapan fácilmente de la legislación y justicia nacional. La propuesta de Gallegos expande la jurisdicción de la justicia nacional y promueve la cooperación judicial entre los países.

El protocolo propuesto obliga a los Estados a crear una instancia nacional de vigilancia, investigación y sanción de la actividad de estas empresas y sus impactos negativos. Cuando la ley y justicia nacionales no sean efectivas, se podrá interponer un recurso ante la ONU.

Pero la propuesta también enfatiza la necesidad de prevenir los daños y abusos a través de legislación nacional que obligue a las empresas a llevar procesos de debida diligencia para prevenir y mitigar posibles daños.

La propuesta de Convención internacional debe ser discutida en la próxima sesión del Grupo de Trabajo de la ONU en Ginebra. Ecuador, como principal país impulsor, hace grandes esfuerzos para superar la oposición de algunos países desarrollados, y de algunas asociaciones empresariales que se resisten a entender que el mundo ha cambiado y que deben asumir sus responsabilidades frente a los derechos humanos y el medio ambiente.