Tal como anunciaban los sucesos ocurridos en las sesiones de la Asamblea Nacional para tratar el proyecto presentado por el presidente de la república, el IVA tendrá una nueva tarifa, el 13% o más, de decidirlo el primer mandatario. El Ministerio de la Ley se ha convertido en la puerta fácil para la aprobación de proyectos que afectan a la población, deteriorando su capacidad económica. Para ello se utilizan los más variados sofismas y reflexiones muy particulares, hasta finalizar los plazos sin aprobar ni negar frontalmente la propuesta. La sumisión convertida en virtud.
Incrementar el IVA es una medida injusta, pues ante una economía estancada desde hace algunos años, la elevación de los precios de los bienes y servicios va a contraer el consumo e incidir en los costos de producción en momentos en los que se requiere todo lo contrario, es decir frenar la tendencia al encarecimiento del costo de la vida. La medida afecta a la clase media y baja; nuevamente se carga el peso de la crisis en los hombros de los sectores menos favorecidos.
Frente a ello, el ingenio para expandir el temor por el supuesto peligro para la dolarización, de no aprobarse el alza del IVA, propio de sectores conocidos por su innegable fe en los equilibrios fiscales como fin último y supremo de la economía, no se hizo esperar. Se utilizan falacias para proteger a los sectores intocables, aquellos que se han servido históricamente del aparato Estatal para adquirir privilegios y satisfacer sus intereses. Aquellos que proponen igualar la tarifa del IVA a las vigentes en países vecinos, en donde las devaluaciones monetarias -a diferencia de un país dolarizado como el Ecuador- distorsionan el sistema de precios si no se dispone de mecanismos que contribuyan a mantener la capacidad adquisitiva de sus monedas.
No se alude, por ejemplo, a la salida de capitales nacionales a engrosar las cuentas off shore en los paraísos fiscales, negando la demanda de inversión que presenta el país para reactivar la economía y generar empleo. Esa descapitalización es un peligro para la dolarización que se lo debe enfrentar con un mayor impuesto a la salida de divisas. Al mismo tiempo, este mecanismo puede generar los recursos para los fines que persigue el gobierno, sin afectar directamente a la capacidad de consumo de la población.
Es cierto que el problema no puede resolverse en 4 meses, que han transcurrido desde la asunción al poder del presidente Noboa; pero el país espera del gobierno un indicio de una clara intención de enrumbar al país, a su economía, a su gestión política, en un esfuerzo sostenido para paliar la pobreza y para iniciar un crecimiento económico generador de beneficios para la población, tal como lo enunció en sus promesas de campaña electoral.
La falta de recursos para atender las necesidades inmediatas no puede resolverse con las medidas propias de un modelo agotado y fracasado, como es el reduccionismo monetarista de la economía y el sacrificio inequitativo demandado a la población mediante la tributación.