Muchos no la quieren ver, sobre todo las autoridades, pero la nueva realidad en la prestación de servicios tiene más incidencia en las comunidades, gracias al apoyo del constante desarrollo tecnológico. Eso se traduce en compartir, intercambiar, hacer negocios o hasta promover el trueque, lo que en esencia es la denominada economía colaborativa.
Este ‘modelo económico’ tiene ejemplos mundiales en el servicio de transporte o en el de alojamiento. Y, precisamente, parecía que aquella ‘amenaza’ que enfrentaban cooperativas de taxis en otros países se quedaba allá, en las naciones desarrolladas, pero no es así. Guayaquil ahora tiene que lidiar por la presencia de un servicio interconectado por una plataforma, con una demanda que crece, porque ‘trata’ mejor al usuario (tarifas convenientes, uso de aire acondicionado, respeto y hasta la entrega de alguna golosina).
Esta es una muestra de que la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas públicas frente a desafíos tan importantes para las ciudades, como el transporte, por ejemplo. La movilidad compartida contribuye a minimizar el impacto ambiental, ayuda a mejorar la velocidad de traslado, y además es un complemento del servicio público.
Ante realidades como estas, desde la autoridad local se trata de responder con normativas que generalmente buscan proteger los intereses de la mayoría o aunque en otros casos atienden primero a aquellas minorías que ostentan poder. Sin embargo, las empresas y emprendimientos que se manejan bajo el concepto de economía colaborativa buscan generar un impacto social y positivo en la comunidad. Es una tendencia mundial y eso, por ahora, opaca cualquier regulación.
Desde esa perspectiva y ante la presencia de modelos disruptivos de negocios con apoyo tecnológico es el momento de establecer marcos regulatorios que se adapten a estos cambios. Además, el consumidor ahora busca soluciones más accesibles y cercanas, y si además son baratas, mucho mejor.