La pregunta 4 de la Consulta Popular sobre la que votaremos el próximo 5 de febrero propone la disminución del número de Asambleístas, siendo una de las que más controversia ha generado. Analicémosla.
Concretamente se nos pregunta si estamos de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que los elijamos de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.
De acuerdo a la propuesta, con los datos del censo de 2010, la composición actual de la Asamblea se reduciría de 137 a 100 asambleístas; y, con los datos del censo de 2022, en las elecciones de 2025, en lugar de elegir 153 asambleístas elegiríamos 120, 17 menos que el número actual. La tesis de la Consulta es que esto mejoraría la calidad de la representación y evitaría en algo la desproporción y el mal reparto de escaños, males característicos de nuestro legislativo.
Otras voces señalan que, al contrario, en un legislativo con menos escaños la representación política de ciertos grupos específicos de la población se vería afectada, o incluso podría desaparecer.
Sin embargo, hay un aspecto importante que se debe destacar: el de la eficacia en la toma de decisiones por parte de legislativo. Politólogos como Meyhew, Jewell, Fenno o Lijphart señalan que si bien asambleas pequeñas pueden limitar la representación de ciertos grupos de la población, en estas, en cambio, se vuelve más fácil llegar a acuerdos y, por ende, son más eficaces.
Ahora, no hay un acuerdo entre los estudiosos sobre lo que es mejor, señalando que se deben analizar las especificidades de cada sistema político para tomar una decisión al respecto. De esta forma, considerando la poca eficacia de la Asamblea ecuatoriana en la toma de decisiones, lo que ha venido en desmedro de su calidad y credibilidad, reducir su tamaño no parece una mala idea.