Uno de los principales problemas de los países de la periferia, que no se encuentran en la órbita de los países emergentes es que cuando intentan entrar en el juego de poder de las potencias, prestándose para la disputa de sus áreas de influencia, comienzan a perder soberanía en decisiones sobre intereses nacionales.
La experiencia de Siria o Ucrania se la siente demasiado lejana y ajena para sacar lecciones de utilidad para el diseño de una política exterior que, sin afectar a las ideas y procesos que buscan una identidad sudamericana, no desconozca el realismo desafiante de fuerzas materiales que se concretan con la ampliación de influencias geopolíticas en el continente.
El cerco que interpreta Rusia, que se está formando con el avance de la OTAN al incorporar a los países de la ex-URSS, demuestra que sigue siendo la región euroasiática el tradicional espacio de contención y de disputa.
En equivalencia se configura un escenario similar en América, con las bases rusas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y aproximaciones a través de cursos para combatir al narcotráfico y acuerdos de cooperación militar con varios latinoamericanos.
Los actores extracontinentales encuentran una ventana de oportunidad en la marginación de los diferentes acuerdos realizados en la última década, como el Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación celebrado en Galápagos, la Declaración de Lima contra el narcotráfico, la Política de seguridad externa común andina celebrada en Quito para prevenir, combatir y erradicar las nuevas amenazas a la seguridad.
No han llegado a su operatividad por la inocua discusión de inculpaciones entre producción y consuno, por la subordinación a la política “imperial” antidrogas o por el fracaso de la “guerra al narcotráfico”, que como puerta rotatoria inmoviliza todo tipo de acción cooperativa, pero que benefician la expansión y profundización del accionar del crimen organizado transnacional.
En este contexto la reunión de ministros de Defensa de Ecuador, Colombia y Perú es un capítulo más de la Declaración Conjunta de los ministros de Defensa de los Países Bolivarianos celebrada en Quito en el año 2006, para impulsar la cooperación en seguridad y defensa, la aplicación de los instrumentos internacionales para la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, delitos conexos y el tráfico ilícito de armas.
Pero si consideramos el Informe de Naciones Unidas sobre el control de la droga y del delito Unodc, los países del arco andino conforman un nodo geopolítico para el narcotráfico; por lo tanto, la plausible reunión de los ministros de Defensa, de estos días, debería entrar en una propuesta de política exterior que avance hacia un acuerdo 4+1; es decir Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia más un actor de nivel continental; en donde surge el dilema, si sería EE.UU. destinatario de la droga, o para evitar el “imperialismo”, probablemente se esté pensando en la formula Alba+1, con Rusia, cerrándose así un proyecto geopolítico de desenlace reservado.