Diego Araujo Sánchez

Cambios a contrarreloj

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Martes 07 de mayo 2019

Las elecciones del 24 de marzo para autoridades seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) evidenciaron la necesidad de eliminar este tramposo engendro del correísmo, modificar el Código de la Democracia y de cambios en la conducta de los políticos.

Las reformas legales lucen todavía lejanas. Las más complicadas, por los candados que puso la Constitución de Montecristi para modificarla, son la supresión del Cpccs y la trasferencia de sus competencias. Más del 40% entre votos nulos y en blanco reducen su legitimidad y son un fuerte argumento para enterrar a ese organismo. Si la vía es la consulta popular, ¿por qué no plantear otras reformas, como la ya sugerida de reducir el número de asambleístas y crear una Cámara de Senadores, integrada por un representante por cada una de las 24 provincias, a la cual se transfieran tanto las facultades del Cpccs de elegir autoridades de control como otras funciones de los Senados en Congresos bicamerales?

Entre los cambios electorales, se halla a la espera un sistema más equitativo de distribución de puestos en los comicios pluripersonales. El método D´Hont, adoptado para favorecer a Alianza País, es concentrador, asigna más escaños a partidos con más votación en detrimento de las minorías.

El sistema de financiamiento debe ser repensado, a la par que los mecanismos para la transparencia y control del gasto electoral. Una muestra de su falta es la reciente denuncia en manos la Fiscalía por presuntos millonarios aportes de Odebrech y otras empresas a la campaña de la “revolución ciudadana”.

La proliferación de partidos y movimientos no es señal de una mayor participación ciudadana, sino de debilidad. Se necesitan normas que generen un régimen vigoroso de partidos y ayuden a la integración de estos y los movimientos y no, como ahora, a su fragmentación. Me parece que tendría saludables efectos la propuesta de Luis Verdesoto de exigir a los candidatos reintegrar los fondos que les entregó el CNE para la campaña cuando no alcancen un 4% de votos válidos en su jurisdicción.

Sin embargo, la reforma más importante no es legal, sino tiene que ver con la conducta de los políticos y la cultura de lucha por el poder. Persisten en ellas el canibalismo, el predominio de las vanidades individuales, la escasa vida democrática dentro de los partidos y movimientos y la incapacidad para llegar a acuerdos en torno a objetivos de interés común. Con las “sorpresas” en las últimas elecciones, ¿escarmentarán para las próximas los perdedores sin voluntad de aliarse?

Si se quiere que los cambios rijan para las elecciones de 2021, necesitan aprobarse hasta antes de enero del año que viene. El país camina ya contrarreloj para hacerlos.