En el contexto de las protestas de los movimientos indígenas por la eliminación del subsidio a las gasolinas y al diesel durante los aciagos días de octubre del año pasado, el episodio de la más repudiable violencia en Quito fue el vandalismo en los edificios de la Contraloría del Estado.
Todavía se pueden apreciar las señales de la devastación causada por manos de grupos criminales que irrumpieron en los edificios, destrozaron muebles e instalaciones, quemaron documentos y prendieron el fuego.
El contralor del Estado, Pablo Celi, denunció entonces una “conspiración planificada para destruir los archivos de las auditorías y exámenes especiales que realiza la institución”.
En el registro de los daños no solo se cuenta el destrozo de la infraestructura, equipos de computación, materiales de oficina y vehículos; se cuentan también el robo y la destrucción de documentos procesados por la institución.
A los 27 detenidos en el interior de la Contraloría, que fueron encausados al comienzo por delito de terrorismo, la Fiscalía los investigó después por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de archivos.
Sin embargo, la jueza Ana Guerrón declaró el pasado marzo la nulidad de lo actuado desde diciembre en este caso. ¿La razón? Falta de una pericia intercultural pues parte de los procesados son integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas.
En un video que circula en las redes sociales, el ex presidente Gustavo Noboa califica, con razón, como una burla para el país el que para la justicia no existan hasta el momento responsables por el asalto la Contraloría; parece como si no hubiera pasado nada en octubre. Las denuncias y las apelaciones del Contralor cayeron en saco roto.
“Incendiaron tres edificios, y no hay un solo detenido. ¿Alguien puede explicar esta barbaridad”, señala el ex mandatario.
La impunidad campea en los Estados con débil imperio de la ley y una justicia en la cual meten sus manos los políticos. La falta de castigo penal para quienes cometen delitos es mal crónico del Ecuador. No solo existe un daño social cuando quedan en la impunidad, sino se abona el terreno para que se germinen los mismos o más graves delitos.
En el asalto a la Contraloría, a la destrucción de un edificio público se juntó el intento de desaparecer documentos de las investigaciones por hechos de corrupción, es decir, una acción de complicidad y búsqueda también de impunidad para favorecer a presuntos responsables del mal uso de los recursos públicos.
Hiere a la colectividad que nadie responda por aquella doble destrucción. Y genera un peligroso precedente, que refuerza la tendencia a considerar los bienes públicos como tierra de nadie o, más exactamente, botín al servicio de intereses políticos inconfesables.