En materia de deuda, default significa no pago. Sectores académicos y sociales del Ecuador han venido planteando el no pago de la deuda, para una reestructuración que tenga como condición previa la transparencia de los detalles en que se contrató, porque a pretexto de que debe haber reserva en la negociación para la contratación de créditos externos, esta reserva, en el correato, se la extendió a perpetuidad, lo que ha llevado a que no sea transparente la información de la deuda externa del Ecuador.
Son varios los casos en que se ha verificado cláusulas infamantes en la contratación pública y -en particular- de la deuda externa.
El pago efectuado el 24 de marzo del 2020 del saldo del principal de los bonos 2020, por USD 326 millones, sólo no pagando los intereses por el orden de USD 17 millones -10,5% anual, por 180 días- , con el mundo en colapso, por la pandemia del coronavirus, ha generado la protesta de los sectores indicados.
En el 2015, en tiempo del correato, se emitieron los bonos 2020 por USD 1 500 millones. En el gobierno de Moreno se los redujo a USD 326 millones.
En tiempos normales, en lo relativo a la deuda externa, los gobiernos tienen claro que no deben caer en default, fundamentalmente, porque casi todos los contratos de deuda externa señalan que si un país cae en default, todos los otros acreedores de créditos externos podrían declararlos exigibles, como que estén de plazo vencido. En otras palabras, por no pagar los USD 326 millones, podían caerle al Ecuador requerimientos adicionales de pago por miles de millones de dólares.
Incluso podría haber habido más perjuicios, porque además hay operaciones muy gravosas, cual es el caso de dos operaciones en que a bancos internacionales se le entregaron bonos, en cada caso, por USD 1 250 millones, con pactos de re compra, recibiendo en cada caso USD 500 millones; esto es, se recibió solo un total de USD 1 000 millones; pero, en caso de no poderse realizar la re compra, los acreedores podrían apropiarse de bonos por USD 2 500 millones.
Yo puntualicé que no debía pagarse el 24 de marzo del 2020, los USD 326 millones, pero no declarando en default el crédito, sino invocando el derecho de la llamada mora técnica, que sin constituir default, habría permitido tener 30 días adicionales para trabajar en una instrumentación diferente, al igual que Argentina lo estaba haciendo con el auspicio del Fondo Monetario Internacional. Argentina está trabajando en la sustitución de sus bonos con una emisión a largo plazo, en que serían colocadores el Bank of América y el HSBC.
En esa misma línea, el FMI y el Banco Mundial están trabajando con los llamados países de menor desarrollo.
¿Sólo para el Ecuador era recomendable pagar los bonos 2020?