Ha transcurrido algo más de dos meses desde que empezó el trabajo de la renovada Asamblea Nacional y en este corto tiempo ya se manifiesta como una de las instituciones con los peores índices de aprobación del país. Por supuesto, la nueva legislatura arrastra la penosa imagen de las anteriores que, salvo honrosas y escasísimas excepciones de legisladores con conocimientos y una real preparación para el cargo, ha sido tan solo un conglomerado de políticos neófitos, obsecuentes, improvisados y manifiestamente incapaces para tan delicadas funciones.
Tras un inicio alentador, no tanto por los nombres de los nuevos legisladores ni tampoco por la composición de fuerzas, sino más bien por el discurso sensato, conciliador y coherente de Guadalupe Llori durante la ceremonia de posesión presidencial, la Asamblea ha caído en picada con dos decisiones vergonzosas: su silencio cómplice frente a las escandalosas declaraciones de una asambleísta en funciones que arengó a sus compañeros a “robar, pero robar bien”; y, la no tan inocua resolución de esta semana condenando y rechazando la suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Ciadi), por parte del Gobierno Nacional, y, la consecuente intromisión en las funciones de la Corte Constitucional que se había pronunciado días atrás acerca de que la suscripción de ese convenio no requería aprobación legislativa.
La referida resolución, aprobada por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los legisladores de UNES, parte de Pachakutik y de la Izquierda Democrática, no resulta tan inofensiva e intrascendente como puede parecer. Aunque en realidad hoy no surta efectos jurídicos sobre la decisión de la Corte y la suscripción del convenio por el presidente de la República, sí constituye un acto realizado al margen de sus funciones y en franca arrogación de las competencias de la Corte Constitucional que es la única entidad encargada de interpretar la Constitución.
Por otro lado, dependiendo de los futuros actos que pretenda realizar la Asamblea con ese mamotreto antes de que termine un día en la bandeja del papel de reciclaje de la institución, bien podría configurarse otro u otros delitos si es que la Asamblea pretendiera arbitrariamente contrariar ciertas decisiones de la Corte Constitucional, usurpar sus demás competencias o desobedecer sus dictámenes, sentencias, declaratorias o resoluciones en esa materia.
Una democracia sólida depende fundamentalmente de la separación irrestricta de poderes y del respeto absoluto por la institucionalidad del Estado. Los intereses personales, afinidades o resentimientos anacrónicos, ideologías, activismos patrioteros, posiciones partidistas o alineamientos caudillistas de funcionarios públicos, atentan contra la democracia y la estabilidad del país. Estas decisiones vergonzosas, burdas, ilegales y disparatadas, parecen ser los primeros avisos. Quedamos advertidos.