Un proyecto de ley contra personas indocumentadas en Arizona desató una campaña de desobediencia civil en este sudoccidental estado de Estados Unidos.
El documento que está a estudio de la gobernadora del Partido Republicano, Jan Brewer, es la culminación de la presión de sectores conservadores para frenar la inmigración de México a Arizona.
Conocido como “Ley de barrios seguros y apoyo a las fuerzas del orden”, el proyecto tiene varias disposiciones que exceden la simple detención de indocumentados por “sospechas razonables”. También persigue a jornaleros al criminalizar la búsqueda de trabajo en la calle. Toda persona que albergue o transporte a una persona indocumentada, incluso sus propios familiares, podrán ser multados.
La aprobación del proyecto causó gran revuelo. Hubo manifestaciones, varias protestas y llamadas telefónicas a la gobernadora urgiéndola a vetarlo.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles, empresarios y autoridades religiosas, representantes de Arizona y de otros estados, entregó unas 50.000 firmas para evitar la promulgación. “Es injusto, infringe la legislación federal y es inconstitucional”, señaló Eliseo Medina, presidente del Service Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios). La intención es amargar la vida de los inmigrantes y de sus familiares para que se vayan. Está diseñada, literalmente, para atemorizarlos”, añadió.
Además, puede derivar en detenciones de ciudadanos estadounidenses simplemente por su color de piel.
Los inmigrantes de Arizona están impactados. La medida y la última gran ofensiva contra redes de contrabando, lanzada por el gobierno federal, aumentó la desconfianza en la policía local.
“La ley genera un miedo inconmensurable, es cruel”, señaló el pastor José Morales, de la Iglesia Impacto de Fe. “Ojalá la gobernadora salga de su despacho y vaya a las escuelas y a las comunidades y vea el horrible temor de nuestros niños y niñas, quienes se preguntan cuándo las autoridades se llevarán a sus padres y en manos de quién se quedarán ellos”, añadió.
El autor del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, considera que las personas indocumentadas agotan los recursos que tiene Arizona para educación y salud y quitan trabajo a los estadounidenses.
Organizaciones de derechos humanos llegan a Arizona a protestar, lo mismo ocurre del otro lado de la frontera.Lo que comenzó siendo un asunto de debate local, ahora concentró la atención de todo el país. “En este país no hay Sueño Americano, se volvió una pesadilla. Mientras se proclama la nación más justa del mundo en materia de derechos humanos, en Arizona nos damos cuenta de que es lo contrario”, añadió.