El país vive un momento difícil para la estabilidad de la convivencia social, que pone a prueba a nuestra muy singular democracia. La actual pugna entre los grupos que conducen las instituciones que conforman los poderes del Estado se origina en el largo y sistemático proceso de readecuación de su funcionamiento, iniciado en el gobierno anterior. Los desacuerdos en la lucha por captar la conducción de los organismos de control han alimentado una práctica desinstitucionalización del país.
El eventual juicio político al presidente de la república y la anunciada movilización de protesta por parte de la CONAIE causan nuevos conflictos. Siendo crisis políticas, en el fondo prima la lucha por el poder, los intereses de grupos y su legitimación en el mediano plazo, una vez que finalice el actual periodo gubernamental.
El mensaje de desaprobación enviado con el resultado negativo a la consulta popular no ha sido asimilado por el gobierno; no existe un indicio de voluntad política para efectuar los cambios en sus políticas económicas y sociales que requiere el país. Tras de este escenario se encuentra el pueblo con sus problemas y necesidades, convertido en un espectador de la continuación histórica de un proceso de profundización de la injusticia y las desigualdades.
Y la sociedad también se encuentra en un estado grave de anomia. En apariencia, nadie está tomando en serio la situación del país.
Las perspectivas son desalentadoras; ante la falta de una política que propicie la generación de empleo, los jóvenes no encuentran opciones de subsistencia mejores que las actividades y negocios turbios. El narcotráfico se ha convertido en una especie de Estado paralelo y el sicariato avanza en el control territorial.
La naturaleza de esta crisis hace prever que no existen salidas o soluciones que no sean las que puedan concertarse entre los grupos políticos para su fortalecimiento, de cara a las elecciones del 2025.