El ministro de Economía, Pablo Arosemena, afirmó que “sería peculado bancario, irresponsable e ilegal la condonación de deudas por encima de tres mil dólares” que exige el dirigente de la Fenocín, Gary Espinosa, quien amenazó que, si hasta febrero del próximo año no se atiende esta demanda, efectuarán nuevas protestas a su manera.
Esto cuando recién se ultima la reconstrucción del edificio de la Contraloría, asaltado e incendiado durante las manifestaciones de octubre de 2019.
El representante de la Confederación exige también que, además de que se amplíe la condonación de los créditos a sus asociados hasta 10.000 dólares, se establezcan prebendas especiales de pago de los préstamos de hasta 30.000 dólares: que se exoneren los costos judiciales y de administración, que se los saque de la central de riesgos y se les otorgue calificción A1 (¿?).
En cambio, el ministro Arosemena anotó que la pretensión de Espinosa abriría un hueco de 190 millones en el patrimonio de BanEcuador, y que ya se ha efectuado una reprogramación de las deudas de hasta 20.000 dólares y se han ampliado los plazos con períodos de gracia para facilitar que los clientes en mora honren sus obligaciones.
La opinión pública ha puesto de manifiesto que los integrantes de ese importante sector de ecuatorianos merece apoyo para sus actividades, pero sin los privilegios excesivos que pretenden sus líderes, luego de que ya lograron otros beneficios en el diálogo con el Gobierno tras las protestas de junio de este año y que, por tanto, es hora de que el Régimen actúe con firmeza y aplicación de la ley, pues, toda la ciudadanía tendrá que asumir los costos de todas y cada una de las concesiones y, así mismo, los dirigentes y las bases de la Conaie, Fenocín y Feine deben ceder en sus exigencias; considerar que la Constitución y las normas de la convivencia otorgan iguales derechos y obligaciones a todos los ecuatorianos y que sus protestas callejeras han causado enormes daños al país.