En sus sabatinas, el Presidente Correa asume como certezas denuncias que le llegan y avisa sanciones contra los imputados.
¿Podrán resistirse los funcionarios administrativos y los operadores de justicia a las frases imperativas del Presidente? En teoría, sí; en la práctica, actúan más rápido que inmediato, para acatar la voluntad presidencial. Puede ser que, en varios casos, la información o la denuncia ameritan lo que quiere Correa que se haga, pero lo que debe ser el debido proceso pierde valor ante la imposición.
Hay casos en que ha condenado a algunos que han sido serviciales a las conveniencias gubernamentales, aun desacatando garantías constitucionales y violando normas legales. Es el caso de un dirigente nacional de los judiciales, que asumió una actitud enteramente progobierno, cuando el Presidente anunció que metería las manos en la función judicial, y ha sido destituido, pero está gestionando su retorno, veremos. También es el caso de otro juez de Guayaquil que quiso impedir la diligencia en la que se comprobó que el fallo de primera instancia contra El Universo, sus directivos y Emilio Palacio había entrado al computador del juez Paredes, por la introducción de un ‘pen drive’, lo que generó la indagación penal del caso Chucky Seven.
En la sabatina del 12 de mayo presentó -para que los sancionen- una lista de jueces de Pichincha, entre los que está quien se prestó para destituir al último Presidente del anterior Consejo de la Judicatura -también servicial del Gobierno, mientras les convenía utilizarlo, luego reprobado en el Concurso para la nueva Corte-; el que ordenó destruir máquinas de quienes realizaban trabajos mineros ilegales, no embargándolos como habría sido procedente en derecho; y, la jueza que ordenó prisión para policías procesados como consecuencia del reclamo del 30 de septiembre del 2010. En su momento han de haber creído que hacían méritos ante el poder, el sábado último entraron a la lista de los condenados. Quizás merecen la condena, pero esto debería establecerse cumpliéndose las normas del debido proceso.
El caso del gobernador Cuero, del Guayas también es patético, en el ayer reciente, utilizado para hacerlo aparecer como fiero ante el Alcalde Nebot –cuya anécdota más picante fue cuando, por lo del monumento a Febres Cordero, el presidente Correa desafió a los trompones al asambleísta Andrés Roche, “uno a uno”, delegando el Presidente a su gobernador, para la trompiza que debía darle a Roche, produciéndose un desencuentro de pisos en el Palacio de la Gobernación, cuando Roche fue a buscarlo-, ahora bajo investigación penal por una casa en Playas y un vehículo Ford Explorer que aparentemente posee. Los supuestos ilícitos que podrían ser algo más que raterías se persiguen, ¡qué bueno! ¿Y los negocios de alta cuantía? ¡Qué cosa!