No creo quesea una novedad que el Presidente de la República tuvo cuentas en paraísos fiscales, pero eso no elimina la necesidad de que se conozca con detalle la información sobre este hecho. Parece claro que las exigencias para presentar la candidatura presidencial, y ejercer la primera magistratura, han sido cumplidas; pero, si colocamos en el mundo de lo impensable la posibilidad de que las cuentas en el exterior se hayan abierto para ocultar dineros mal habidos, hay al menos una pregunta fundamental que debe ser respondida: ¿sirvieron esas cuentas para evadir impuestos? Esto último, sobre todo, porque el Presidente tiene entre sus cercanos colaboradores a quien, aunque ahora diga que ya no piensa así, en algún momento sostuvo que “evadir impuestos es ético”.
Si en realidad interesara la respuesta, lo menos que cabría esperar es que se acuda a las fuentes, que se analice seria y profundamente la evidencia disponible, que se determine qué leyes fueron violadas o qué reglas éticas se quebrantaron. Y eso, precisamente, es lo que dejan de lado quienes se rasgan las vestiduras a propósito del tema y optan por aquello que mejor saben hacer: montar un circo.
No otro nombre merece lo que está haciendo la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. ¿Busca información de quienes puedan tener datos concretos o revelar detalles sobre lo que se supone importa? No, se limita a colocar un micrófono para que los convocados (y la Comisión sabrá por qué esos y no otros), malgasten el tiempo con discursos plagados de generalidades en los que, sin duda, no faltarán sospechas e insinuaciones que, con suerte, permitirán saber algo sobre paraísos fiscales, pero nada sobre lo fundamental: las cuentas del Presidente.
El lunes pasado, por ejemplo, la investigación arrancó con un experto tributario, cuyo Twitter dice mucho sobre sus simpatías, que se limitó a insinuar la existencia de irregularidades y pedir que el caso sea investigado; o sea, los investigadores llaman a un experto para que les diga que investiguen. Y lo mismo pasó con Alfonso Zambrano, abogado de Rafael Correa, y con Wilma Salgado; al parecer todos pasaron por la Comisión para decir a sus miembros que conviene poner en claro el tema.
No se trata, en definitiva, de saber, sino de escandalizar. El propósito es evidente y lo han confesado quienes conspiran para conseguir la renuncia o la destitución de un presidente que aún no completa seis meses en funciones, muchos de ellos apremiados por la necesidad de solucionar problemas con la justicia.
Es que, si hay un pretexto, qué mejor que hacer hoy lo que esperábamos para dentro de cuatro años: una nueva elección en la que muchos, viejos y nuevos candidatos, se creen desde ya ganadores. Para ellos, las crisis no están ahí para ser solucionadas, sino para aprovecharse de ellas; son la ocasión para que los buitres abandonen la rama y empiecen a revolotear inquietos.