Es indudable que también en la Asamblea Nacional se respira otro aire, de respeto a la opinión ajena, de apertura democrática a los diversos bloques, más allá de su pensamiento crítico, que contrasta con lo que ocurriera en la época anterior del nefasto correísmo, que impusiera la arrasadora mayoría de votos e incluso leyes sin observar ni respetar los mismos informes de dependencias oficiales.
De fiscalización, en esa época, ni hablar. Estaba prohibido. Incluso, cuando asambleístas se atrevieron a opinar libremente sobre el aborto fueron suspendidas y sancionadas, aunque siguieron sumisas al déspota, sin personalidad pero a cambio de mantenerse en el disfrute del poder.
Hoy cambió el estilo autoritario y de la obediencia a ciegas por otro democrático. El anterior repetía al pie de la letra lo que el autoritario ordenaba, pero hoy existe una política de puertas abiertas, sin sectarismo, revanchismo ni odio a la que se había acostumbrado el país con el mal ejemplo de la década pasada.
Este cambio en la conducción de la Asamblea ha permitido crear un ambiente de respeto al ordenamiento jurídico y democrático. Sin embargo, no todo es perfecto. En materia de fiscalización no se ha podido avanzar. La herencia del correísmo dejó mucho rabo de paja no solo entre los enceguecidos seguidores del prófugo de la justicia que vive en Bélgica sino en sectores afines al oficialismo, salvo excepciones, que no ha permitido cumplir con esta tarea fundamental, además de la legislación. No han entendido que eventuales juicios políticos son importantes.
En la bancada que se identifica con el gobierno no han tenido un poco de olfato político ni sentido común para actuar frente a las exigencias del país de que haya la fiscalización en medio de tanta corrupción que hoy se destapa y que la Contraloría del Estado día a día corrobora. En acciones oscuras y sospechosas, han quedado mal y desprestigiados por salvar a jefes de organismos de control, que incumplieron su trabajo, se allanaron todos al poder concentrador anterior y pese a su servilismo tuvieron que dejar los cargos.
Tuvo que actuar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por mandato popular y el liderazgo de un reconocido defensor de derechos sociales, para llenar el vacío por la ausencia de esta tarea. Asambleístas bisoños que aprendieron rápido el oficio de las malas artes para dejar en el limbo los juicios políticos, aunque a esas autoridades les haya durado pocos días hasta la destitución en ese organismo temporal. Es hora de reivindicar y dignificar las tareas de fiscalización, lo que no significa necesariamente condena a funcionarios. Es la ocasión para que los procesados puedan presentarse en el pleno de la Asamblea, exhibir pruebas de descargo, en el debido proceso y con derecho a la defensa.