Espeluzna y horroriza leer datos oficiales revelados sobre los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, ocurridos en el sector educativo durante el gobierno correísta, al menos los últimos años. Otra herencia nefasta de esa década. Una investigación de EL COMERCIO revelaba parte de lo sucedido. El primer caso en el Chimborazo: el agresor violó diez niñas en dos centros educativos y en ambos casos la solución fue cambiarlo de plantel. A cambio de reubicar al docente, los padres y representantes fueron obligados a firmar un acta de compromiso en el que desistían de llevar a sus hijas a un examen médico. Así no tendrían la prueba que mostrara y determinara los daños causados por la violación y tampoco podían recurrir a un psicólogo.
La denuncia, una de tantas, está recogida en el informe de la Comisión Aampetra de la Asamblea, en la que se refleja que de lo investigado parcialmente hay más de 420 víctimas y al menos negligencia de las autoridades en 30 casos de abusos sexuales en escuelas. Entre el 2015 y 2017 se registran 4.864 denuncias, 2.264 casos judicializados y solo 1 653 casos resueltos. De eso, 821 sentencias condenatorias, 253 con declaratoria de inocencia, 193 sobreseimiento, 118 archivo de investigación, 116 archivo de la causa y 152 entre resoluciones, extinción de la acción penal, acuerdo conciliatorio y nulidad.
Pese a todo esto en el Consejo de Administración de la Legislatura negaron el pedido de llevar a juicio político al ex ministro de Educación de entonces, lo que no implicaba que se dictamine su responsabilidad sino que hubiese sido la gran oportunidad para que se analice esta triste y lacerante realidad, en el debido proceso y con derecho a la defensa. Sin embargo, con semejantes casos, días después de negar esta interpelación, las mismas autoridades concurren a la Fiscalía a demandar la actuación de la justicia, en un evidente reconocimiento de lo sucedido los últimos años.
¡Vergonzoso para las autoridades del régimen pasado e impotencia para las familias de las niñas afectadas! De acuerdo con la Constitución, art. 233, ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente… Al menos 40 autoridades de educación estarían involucradas, en distintos niveles, en los casos de abuso sexual en contra de menores de edad en establecimientos educativos; 80 casos de abusos sexuales en contra de menores de edad que fueron archivados administrativamente en años anteriores. También están 27 casos adicionales que se conocieron en la Comisión Aampetra. Las denuncias se registran en el gobierno pasado desde el 2009. Por todo ello sería bueno que respondan todas las autoridades del correísmo.