Gobernar parece fácil si vemos lo que han hecho los gobiernos desde la crisis financiera del 2008 hasta la crisis de la pandemia: crear dinero de forma masiva. Antes del 2008, el balance del Banco Central Europeo, por ejemplo, era de un billón de euros, 10% del PIB, en los siguientes diez años alcanzó 4.7 billones, el 40% del PIB, según datos de Thomas Piketty. Esa cantidad de dinero ayudó a intervenir en el mercado financiero, comprar títulos de deuda pública y privada, hacer préstamos al sector bancario, en fin, evitar el colapso de la economía y la explosión del desempleo. Estas decisiones están en manos de quienes dirigen los Gobiernos y los Bancos Centrales.
Son temas complejos que manejan los economistas y los políticos. Sin embargo, ya que el dinero en Ecuador parece provenir del endeudamiento y la recaudación tributaria, nos corresponde también a los ciudadanos participar en el debate. Ahora está de moda el análisis de los nuevos impuestos y se plantea la pregunta: ¿A quién aumentar los impuestos, a las empresas o las personas?
Algunos economistas dicen que no a las empresas porque dejan de invertir, dejan de generar empleo y puede frenarse el crecimiento económico; incluso provocan la salida de capitales a otros países donde el riesgo y los impuestos son menores. Otros economistas dicen que no a las personas porque ya están en los límites y el incremento de impuestos reduce la capacidad de compra afectando a las empresas que bajan las ventas y dejan de crecer. ¿Y entonces?
El Gobierno ecuatoriano ha propuesto subir impuestos a las personas que tienen salarios más altos y a las empresas. La Asamblea Nacional debe analizar el proyecto y aprobarlo, enmendarlo o rechazarlo. Ojalá que el voto de cada legislador esté alumbrado por las luces del conocimiento y no envuelto en las sombras de la ignorancia. Políticos de izquierda y líderes sindicales aseguran que los ricos no pagan impuestos porque las empresas trasladan el impuesto a los precios y al coste laboral. Hablan de memoria porque no tienen datos. Estudios hechos en Estados Unidos y Alemania, basados en algunos supuestos, señalan que los propietarios de las empresas pueden trasladar el 30% de los impuestos y asumen el 70%.
El socialista Thomas Piketty, el economista más leído, sostiene que la enfermedad terminal del capitalismo es la creciente brecha entre ricos y pobres, y propone un incremento sustancial de impuestos a los ricos, pero los gobiernos saben que sólo mejoran su nivel de vida los países que tienen crecimiento. Los países que tienen gobiernos filantrópicos han terminado en el desastre.
El incremento de los impuestos, a las personas y a las empresas, resuelve el problema del Gobierno, pero no el problema nacional. Ajustar el tamaño del Estado a las posibilidades de recaudación es la primera regla de buen juicio. Gastar más de lo que pueden aportar los ciudadanos genera déficit que obliga al endeudamiento y es el peor impuesto, un impuesto al futuro.