La Comisión Nacional Anticorrupción calculó que los perjuicios para el país durante la década correísta sobrepasaron los USD 35 000 millones por coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria, comisiones en la exportación de petróleo e importación de derivados, deuda pública y gasto corriente. Esa danza de millones parece irreal. Pero el cálculo no es exagerado cuando comprobamos que solo en los trabajos preparatorios del terreno en donde se proyectó levantar la Refinería del Pacífico se gastaron para nada USD 1 500 millones o que el costo inicial para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas fue de USD 200 millones y terminó en USD 2 200 millones, y tres años después de la “inauguración” a cargo de Jorge Glas esa refinería enfrenta otra vez graves problemas en su funcionamiento. Los anteriores son solo dos casos de entre centenares.
En relación con la voluminosa cifra de la corrupción, la cirugía mayor se halla en la antesala del quirófano. Pocos casos hasta el momento se han procesado en instancias judiciales; y por ninguno de ellos el Estado ha recuperado un solo centavo.
No basta que todos quienes se aprovecharon de los dineros o del poder público en beneficio privado respondan ante los jueces; es esencial resarcir a la sociedad por los daños causados. La pregunta que planteaba años atrás Vladimiro Álvarez adquiere ahora la mayor importancia: ¿Dónde está la plata? Para responderla, el país necesita la cooperación internacional.
¿Qué se ha concretado de los convenios anunciados por Lenin Moreno con las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción? Parece útil aprovechar la experiencia de otros países, por ejemplo la de Guatemala, que creó una Comisión Internacional contra la Impunidad , un grupo anticorrupción de la ONU que, en trabajo con el Ministerio Público de ese país, ha conseguido eficaces resultados, como destapar la trama de sobornos en las Aduanas, que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez, o descubrir otros escándalos que pusieron en el banquillo de la justicia a altos funcionarios del Gobierno y del Congreso, empresarios y militares.
Hay que aprovechar esa experiencia en lo más difícil: descubrir a dónde fue a parar la plata de la corrupción y recuperarla. Quizás convenga, como ha hecho en estos días Argentina, ofrecer un porcentaje del dinero recobrado a quien proporcione datos importantes para dar con su paradero. Urge que la Asamblea apruebe sin más dilaciones la ley de extinción del dominio de bienes mal habidos, y que se indaguen los denunciados vuelos en los aviones presidenciales a paraísos fiscales. No habrá cirugía mayor contra la corrupción mientras no se conozca a dónde fue el dinero de la corrupción y se lo recupere para reparar los perjuicios causados al país.