Algunos efectos de la eliminación de subsidios a los combustibles eran previsibles: aumento de precios, especulación en mercados y protestas sociales. Sin embargo, los bloqueos en las vías y el nivel de la violencia en las protestas generaron caos en el país y eso derivó en desabastecimiento, toma de pozos petroleros y pérdidas en los negocios que todavía no terminan de cuantificarse.
Parte de los efectos pudieron ser atenuados si las mesas de diálogo que convocó el Gobierno en abril pasado hubiesen funcionado. De aquel diálogo debió salir un acuerdo sobre las medidas económicas, las reformas tributarias y laborales y las propuestas de compensación para los grupos menos favorecidos de la población.
La protesta de las organizaciones sociales e indígenas es válida porque evidencia un malestar social, producto de un diálogo sin resultados y una insuficiente información sobre el nuevo plan económico del Régimen. No está claro el impacto de las medidas en materia de crecimiento, precios y empleo. Tampoco se conocen los sectores más afectados y las acciones para compensarlos. Las medidas liberan recursos fiscales y ameritaba una mayor explicación sobre cómo serán distribuidos.
La eliminación de los subsidios generalizados a los combustibles va en la dirección correcta, así como la focalización de cualquier beneficio en personas de menores ingresos. Pero también es cierto que existe una gran masa de trabajadores –formales e informales, urbanos y rurales- que requieren medidas compensatorias y que no entraron en el plan inicial del Régimen.
Para ellos sí existen opciones y algunos empresarios las han planteado. No hay que olvidar que el paquete de medidas económicas genera beneficios tributarios a las empresas, que pueden ser redistribuidos bajo criterios de equidad y solidaridad.
Una medida es aumentar los salarios a los trabajadores, priorizando a los de menor remuneración, con el fin de compensar el alza de pasajes en el transporte urbano. Una opción sería hacerlo a fin de año, cuando el Consejo Nacional de Salarios ajuste el salario básico que regirá a partir del 2020. Pero esa revisión se puede adelantar para atenuar el impacto de las medidas, lo cual puede ser iniciativa del sector privado.
Asimismo, las empresas privadas pueden asumir parte de los mayores costos de transporte pesado, con el fin de amortiguar el impacto en los precios de los artículos de consumo masivo. Esto puede incentivar las ventas de las empresas formales y también desalentar la especulación. Esa decisión puede implementarse de forma proporcional, para que las más grandes hagan un mayor esfuerzo económico.
Si bien hubo fallas en la forma de implementar la eliminación del subsidio, la salida no puede pasar por echar abajo la medida, como querían los transportistas. El paro del transporte se pudo evitar revisando a tiempo la tarifa. La negociación para acabar con las protestas sociales debe pasar por acordar cómo se compensa a los afectados.