La historia del Seguro Social ecuatoriano ha sido encausada en un camino sinuoso desde su inicio como Caja de Pensiones, inaugurada por el presidente Isidro Ayora, el 1ºde mayo de 1928, como respuesta a las cada vez más crecientes demandas de los sectores laborales. Desgraciadamente, a pesar del gran entusiasmo con que fue creada, adoleció, desde sus comienzos, de un grave problema estructural: la falta de estudios socio económicos y técnicos que permitieran solventar las necesidades de los ciudadanos ávidos de “mayor protección social”, problema que se evidenció en el sistema de pagos de montepío y jubilación que carecía de sustentos contables y estadísticos.
A lo largo de la existencia del Seguro Social se han analizado los serios obstáculos que lo han afectado y sus probables soluciones. Se encuentran coincidencias en los estudios anteriores y en los actuales, efectuados por comisiones nacionales e internacionales, como la delegación del Banco Mundial que, en 1980, manifestó que “la viabilidad financiera del sistema está en entredicho por los rendimientos reales negativos de la inversiones y por una gran deuda del Estado, altos costos administrativos y beneficios generosos”, o los informes del matemático y actuario alemán-ecuatoriano Dr. Peter Thullen, del profesor Carmelo Mesa Lago y de otros asesores, que señalaron que “el incremento de los gastos de los seguros de invalidez, vejez y muerte y la baja rentabilidad de las inversiones ocasionaron una peligrosa disminución de las reservas y descapitalización del fondo de pensiones”; que “ la gigantesca mora patronal del sector privado, no cobrada, aumentó el déficit institucional” ; que “ la atención de salud del IESS era prioritariamente curativa, no se hacía medicina preventiva”; que “ la provisión de servicios de salud debía integrarse al resto del servicio nacional de salud”; que “ debían revisarse la estructura del sistema pensional, la edad de retiro (de 55 a 60 años) y debían ajustarse las proyecciones demográficas y económicas a lo acordado con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (1987)”. Por otra parte, el Congreso Nacional elaboró en el 2001 la Ley del Seguro Social, en la que se sugerían cambios estructurales progresivos, de un seguro mixto, que combinaba el seguro solidario de reparto con un seguro de ahorro individual y que, respecto a la sostenibilidad del seguro de pensiones, invalidez,vejez y muerte, estaba de acuerdo, en un 90%, con las conclusiones alcanzadas por la comisión nombrada por el Presidente Lasso, cuyo valioso trabajo fue incompleto; pues no tomó en cuenta al seguro de salud. Debe destacarse, como muy importante, la contribución de La Comisión de Estudios de la Seguridad Social, integrada por mentes brillantes que han buscado soluciones para el futuro incierto del IESS, agravado por la hecatombe de atenciones masivas a gente que no aporta; por la entrega de servicios no financiados; por el uso de fondos del IESS para crear partidos políticos o por el enriquecimiento ilícito de funcionarios que se apoderaron del dinero institucional. En conclusión, ha llegado el momento de tomar decisiones firmes urgentes y consensuar definitivamente en la implementación de los cambios estructurales y de gobernanza, reiteradamente sugeridos en las múltiples investigaciones efectuadas a lo largo de los más de noventa años de existencia del del Seguro Social. En esas alternativas debe incluirse a la Ley del Sistema Nacional de Salud, que integra a los servicios de salud del Ministerio de Salud, con los del IESS, con los privados y con todas las instituciones que dan estos servicios, para que complementen atenciones y se financien con el cobro e intercambio de tarifarios. Debe aprovecharse la existencia de una amplia red dispensarial y privilegiar la atención de salud preventiva y la atención primaria de salud en los dispensarios barriales en los que atenderán afecciones banales como gripes, diarreas, infecciones leves y referirán afecciones más complejas a dispensarios mejor dotados, lo que ahorraría un 30% del presupuesto y evitaría la congestión hospitalaria. Urge concretar acciones en conjunto: gobierno, empleadores, trabajadores y políticos bien intencionados, no más diagnósticos, ni proyectos, todo está dicho….actuemos, señor presidente.