La historia se repite. Después de tantos debates, informes, objeciones de los sectores afectados y de las bancadas de oposición, etc. es evidente que la Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social y el incremento del Bono de Desarrollo Humano entrarán en vigencia en los términos del proyecto elaborado por el Ejecutivo.
Tan pronto como el candidato a la Presidencia de la República Guillermo Lasso anunció que si triunfa subirá el bono de 35 a 50 dólares, el candidato-Presidente hizo suya la idea, que, según afirma, ya la venía macerando desde antes, y sentenció: Si tal incremento propone un banquero, pues, que lo financien los bancos, y de inmediato ordenó la “construcción” del proyecto correspondiente y el envío al Parlamento, con carácter de urgente, lo que significa que debe ser tramitado en el plazo de 30 días o, en caso contrario, entrará en vigencia por el ministerio de la ley. Si se lo aprueba con cambios, sencillamente el Ejecutivo lo vetará y, como es costumbre, restituirá el texto original. De todas maneras, la ley y el incremento del bono serán realidad en momento oportuno, en plena temporada electoral.
Como era de esperar, la Comisión de Régimen Económico no acogió las diversas observaciones, ni las alternativas planteadas por expertos en la materia para financiar este proyecto, tales como la disminución del gasto en propaganda gubernamental; austeridad fiscal; eliminación del subsidio a los combustibles que consumen los estratos pudientes; extensión del impuesto a otros sectores que perciben mayores utilidades que los bancos; etc.
Otros aspectos del proyecto que han causado preocupación en el área empresarial son la devastación del sigilo bancario y la limitación de los sueldos de los funcionarios de los bancos.
Así las cosas es un hecho que en enero entrará en vigencia el nuevo incremento de esa ayuda económica instaurada por el ex presidente Jamil Mahuad, cuya denominación de “bono de la pobreza” se cambió más tarde a “bono de desarrollo humano” y que, gracias al crecimiento vertiginoso del número de beneficiarios, que actualmente bordea los 1 900 000, y a los incrementos de su cuantía, desde el 2013 costará más de 1 100 millones de dólares anuales.
De ahí que es indispensable que se maneje con la mayor ponderación la depuración de los beneficiarios y que se den los pasos necesarios para que este bono deje de ser una dádiva y, en realidad, constituya un aporte para el desarrollo, dentro de las limitaciones obvias de ese importante sector humano. En buena hora el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según trascendió, está ya dando capacitación y apoyo para que se asocien personas favorecidas con el bono y emprendan en actividades que redunden en su propio beneficio y de la colectividad.