Los 3 sectores políticos que controlan la Asamblea legislativa continúan en su propósito de lograr la revisión de la condena penal que pesa sobre el caudillo y sus segundos, y eliminar la posibilidad de vincularlos a nuevos procesos.
No lograron aprobar las reformas al Código Penal, porque sus beneficiarios tenían nombre y apellido y la ciudadanía reaccionó con firmeza. Entonces destituyeron al vocal Fausto Murillo para controlar el Consejo de la Judicatura y designar a los jueces de la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, que revocarían las sentencias que pesan sobre los capitostes de la revolución ciudadana. A continuación, enjuiciarán a la Fiscal General para sacarse de encima a quien, con valentía, persigue el fraude y el delito.
Se acusó de incumplimiento de funciones para censurar al vocal Murillo, porque según una de las “ilustradas” legisladoras, debió denunciar los actos ilegales cometidos por otros vocales. Hace falta poca vergüenza para acusar de incumplimiento de funciones cuando los legisladores han incumplido desde el 2008 el deber de codificar las leyes, que les impone el artículo 120 numeral 6 de la Constitución. Al parecer ni han leído esta norma, pues ni tan siquiera han designado una comisión de codificación para cumplir el deber constitucional. Pretenden que se califique su labor por el número de leyes que aprueban cada año, sin importar su calidad, ni siquiera una redacción medianamente racional. El caos legislativo producto de nuevas leyes y reformas y contrarreformas facilita que jueces “dóciles” apliquen las normas legales según intereses en juego y la tarifa que se cubra.
La expresión “uno menos” en el jolgorio con el que los compactados festejaron la destitución de Murillo revela su pobre nivel. Y en este desenlace se debe anotar el rotundo pragmatismo del presidente Noboa en busca de su reelección y la mayoría en la Asamblea el 2025.