Han transcurrido más de 7 meses desde que el ejecutivo y el legislativo asumieron sus funciones. Pese al arreglo coyuntural que permitió designar a las autoridades del parlamento, los dos poderes del Estado han caminado prácticamente por andariveles separados.
El problema que ha existido desde el inicio del actual gobierno es que no ha contado con operador político que dialogue con el legislativo, acerque posiciones, negocie y permita que, pese a las diferencias ideológicas, haya los 70 votos necesarios.
Lo ocurrido con la Reforma Tributaria fue lamentable. La Comisión de Desarrollo Económico trabajó de manera intensa para reformar y realizar cambios a la propuesta original del ejecutivo, pero, al momento de la votación en el Pleno, todo se enredó. Pasó por el ministerio de la Ley con errores e inconsistencias.
Esos desencuentros van a repetirse debido a que el Ejecutivo tiene su propia agenda legislativa y el Parlamento otra. No ha habido intentos serios de consensuar una agenda común en función de los delicados problemas del Ecuador en diversas áreas.
La semana pasada, voceros del gobierno anunciaron que enviarán a la Asamblea un proyecto de Ley de Promoción de las Inversiones. La reforma laboral, otro tema prioritario para el gobierno, seguirá otro camino. Prefieren que la propuesta del Ejecutivo sea debatida previamente con representantes de la sociedad civil.
De su parte la Asamblea tiene su propia agenda legislativa, la cual fue prácticamente dejada de lado en meses pasados. Ahora se ha retomado el trabajo. Se acaba de aprobar la Ley de Vivienda de Interés Social. De igual modo se están tratando las reformas a la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Ley de Comunicación (LOC).
La política no puede verse como una disputa de suma cero. Gana el ejecutivo o gana el legislativo. El problema es que, si no existen acuerdos mínimos sobre las normas que deben ser aprobadas, así como del contenido de las mismas, los resultados van a ser perjudiciales para el país.