Son las palabras que vienen a mi mente al conocer mediante periódicos, noticieros y redes sociales sobre las muertes violentas en el país y principalmente en Quito. No deseo imaginar lo que sienten los familiares, padre, madre, hermanos, esposa, hijos de las víctimas cuya vida fue cobrada por la delincuencia en un asalto o en un secuestro.
Periódicamente las autoridades de seguridad nos presentan cifras respecto de su gestión y reducción de índices de criminalidad, sin embargo esas cifras suenan disonantes con la realidad material, la más reciente de un ciudadano asesinado cerca de un cajero automático el 20 de septiembre en cerca de las 20:00. Este crimen sucedió un sector muy transitado, a vista y paciencia de los temerosos ciudadanos que nada pudieron hacer de forma individual, pues si intervenían quizá se cobraban más vidas, por los avezados delincuentes.
¿Cuántas muertes más son necesarias para que se controle la delincuencia y para que las penas carcelarias por atentar contra la vida de otro ser humano se eleven drásticamente?
La gobernabilidad se está perdiendo en el país, existen bandas criminales conformadas en su mayoría por extranjeros que no tienen respeto por la vida y que asesinan a sus víctimas por robar un celular, una billetera e inclusive 5 dólares.
Es hora de que el Gobierno tome cartas en el asunto con una eficiente política de seguridad ciudadana para garantizar la vida de los ecuatorianos, para prevenir que la ciudadanía genere sus propios procedimientos de autodefensa y combata de manera efectiva, pero ilegal a la delincuencia.