Independientemente de que la Presidenta de la Asamblea haya salido políticamente indemne, en apariencia, del desagradable asunto de la filtración y posterior difusión del audio de un diálogo telefónico en marzo pasado; más allá de la fisura en el bloque oficialista, quedan flotando la duda, lo ilegal de las conductas y la sensación de inseguridad en nuestras comunicaciones.
Me fundamento en los hechos de las últimas semanas y en el artículo de Miguel Rivadeneira del 22 de abril: “Las malas artes, ya no desde el poder sino desde la oposición, les ha llevado a conectarse con el espionaje y la piratería, que ya lo hicieron desde la desaparecida Senain, con equipos de tecnología de punta. No de otra manera se explica cómo presentan en la Asamblea audios conseguidos de manera ilegal de conversaciones reservadas, que no explican su origen”.
En efecto, nadie ni nada explica el origen de la filtración. No se sabe si fue la negligencia de un “micrófono abierto”, como se apresuraron a señalar sin comprobarlo; o si se activaron sofisticados sistemas de escucha telefónica. Si fuese lo segundo, sería terrible. Ante esta posibilidad, me pregunto si las famosas investigaciones de Fiscalía y Policía serán capaces de descubrir la identidad de los autores de esta intervención o la de la persona natural u organismo que patrocina sus actividades. Flotan las sombras de la duda, porque además las autoridades dejaron entrever hace dos semanas, la probable intervención de hackers extranjeros en asuntos de política interna. Y esta duda se acentúa, con las noticias de múltiples ataques registrados a sistemas informáticos en varias instituciones públicas en estos últimos días.