Son injustificables los hechos acontecidos en la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil también conocida como “La Peni”, donde los últimos días, por disputas entre bandas delictivas y por falta de control de los propios funcionarios del centro, fallecieron seis “PPL”.
Lo narrado ocurrió en el marco de una declaratoria de Estado de Excepción del Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional, dictado por el señor Presidente Lenin Moreno mediante Decreto ejecutivo 741 de fecha 16 de mayo de 2019, teniendo como finalidad según su artículo 1: “…atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria…”.
Si efectivamente se pretende “precautelar los derechos de los PPL”, deben cambiar tangencialmente el sistema carcelario. Se ha vuelto insostenible para el Estado mantener alrededor de 40.000 internos al día, al punto de darles alimentación en mal estado como sucedió en la cárcel de Ibarra, provocándoles a alrededor de 200 internos una grave intoxicación e infecciones.
No es posible que en una celda carcelaria convivan hasta 10 internos en absoluto hacinamiento como sucede en Guayaquil, ni tampoco que existan celdas de castigo como ocurre en el Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8 del Guayas, que según funcionarios del propio centro, dichas celdas son denominadas como “celdas de reflexión” las paredes de las celdas son negras por el hollín y la suciedad, e incluso en ciertos casos no les permiten a los PPL salir a asear sus cuerpos durante varios días que dura el castigo.
Estas situaciones las he denunciado públicamente y también al Director del Centro de Privación sin respuesta alguna.
Si verdaderamente se quiere un cambio en el Sistema de Rehabilitación Social, deben empezar por los funcionarios de alta jerarquía que no tienen idea alguna de cómo manejar centros carcelarios por falta de conocimiento y experiencia, seguido por los mandos medios que deben tener el apoyo de sus superiores para aplicar las directrices en las cárceles, y finalmente ejecutar los lineamiento por los mandos bajos que son los guías y funcionarios de los centros, quienes tienen que aprender a tratar a los PPL como lo que son, seres humanos, respetando sus derechos que se encuentran consagrados tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal.