El editorial de EL COMERCIO (10-02), tituló: “El control de la comunicación”; tuvo como subtítulo: “Con insistencia el Gobierno busca aprobar un proyecto de Ley de Comunicación que impone sanciones y controles que afectan la libertad”. Dijo una gran verdad: “La comunicación pertenece a la gente. No es graciosa concesión de los medios ni de los periodistas”. El editorial fue terminante en sostener que se violó el Acuerdo Ético-Político que se alcanzó en la Asamblea Nacional entre las fuerzas políticas. Citó ejemplos que atentarían a la libre expresión, “contraviniendo los compromisos de respeto a los DD.HH.”, entre estos: “En el artículo 29 hay una cláusula de reserva para la información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa, lo que condena al periodismo de investigación a no revelar casos de interés público que pudieran ocultarse bajo esta fórmula”.
Esta reserva tiene su razón de ser, pues la Constitución establece el derecho al debido proceso que incluye varias garantías básicas, entre ellas, que se presumirá la inocencia de toda persona -y será tratada como tal- mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada. La indagación previa es para investigar sospechas; una especie de investigación preprocesal.