Si el Cpccs hubiera sido electo por votación popular en el 2009 no existiría la menor duda que sus integrantes habrían sido funcionales a Rafael Correa, igual que lo fueron el 80% de los asambleístas.
Y, en ese caso, todos los funcionarios designados por este Consejo hubieran sido igual de sumisos como lo fueron todos durante el período de Correa.
Si, como era antes, la Constitución de Montecristi hubiera dispuesto que los integrantes de los organismos de control debían ser elegidos por la Asamblea el resultado hubiera sido el mismo: control absoluto de todo por el Presidente.
De eso se concluye que la elección indirecta, la elección popular o la designación por la Asamblea hubieran dado los mismos resultados. El problema está en que, en dichos casos, cuando un candidato presidencial obtiene una muy alta votación, como fue el caso de Correa, él y los suyos arrasan con todo y se produce una dictadura legal y constitucional que, como toda dictadura, es muy propensa a caer en la violación de derechos y la corrupción.
Para impedir esta posibilidad me permito sugerir que si hace una reforma constitucional se disponga que los miembros de los organismos de control serán electos por la oposición y no por el Gobierno.
Por ejemplo, serán electos por la Asamblea Nacional pero no votarán en dichas designaciones los integrantes del bloque del partido de Gobierno. Se dirá que de esa forma se pierde gobernabilidad, sí, pero es precisamente eso lo que permitirá crear institucionalidad, crear un sistema de contrapesos y controles y evitar los riesgos, abusos y consecuencias del populismo que ocurren en los regímenes hiper presidencialistas.