En función de la solidaridad, cuando éramos jóvenes afiliados al Seguro Social nos pareció justo y legítimo que quien más tenga aporte más, para que todos reciban iguales beneficios en la seguridad social.
Pero como resultado del no pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a causa de la asignación de coberturas no financiadas, ahora todos padecemos por igual cuando requerimos de un servicio.
De manera también solidaria, quienes más tienen pagan más impuestos para que la salud mejore. Pero es público y notorio que en los hospitales estatales se carece de medicamentos e insumos porque los proveedores impagos ya no pueden seguir entregando sus productos.
Frente a un panorama incierto, y ya de viejos, debemos arreglarnos de cualquier manera para contar con un seguro privado de salud que nos proporcione una atención eficiente y oportuna.
Sin embargo, los jóvenes asambleístas parece que aprobarán la ley que obliga a las aseguradoras privadas a atender a los pacientes con enfermedades catastróficas, congénitas y a quienes requieren de trasplantes de órganos, responsabilidades que, evidentemente, le pertenecen al Estado.
No se discute el derecho que tienen los enfermos de ser atendidos de la mejor manera posible, ni la necesidad de establecer controles y evitar abusos de las aseguradoras.
Pero si el Estado no posee los recursos económicos suficientes para atender a esos pacientes ¿cuánto tiempo de vida les quedaría a las aseguradoras privadas de salud? ¿Les pasará lo mismo que al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego de incrementar las coberturas con fines políticos?
En tiempo de campaña electoral, la solidaridad con plata ajena resulta intolerable.