13 de abril de 2019 00:00

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Alberto Rosales Ramos

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Es imprescindible y urgente el reformar las leyes y reglamentos que manejan los procesos electorales; no podemos admitir la cantidad nunca vista de candidatos a todas las dignidades, muchos de ellos basados en el financiamiento estatal. La ley dispone financiar las campañas pero, por lo menos, creo yo, ese financiamiento debería ser posterior a las elecciones. Dicho en otras palabras, el tribunal fija los topes a invertirse para cada candidato, y procede al pago, debidamente justificado, pasadas las elecciones siempre y cuando estos demuestren tener un respaldo mínimo, que debería ser al menos del 5% ya que no veo por qué los ciudadanos tenemos que financiar campañas de aventureros desocupados o simples deseos de figuración para mejorar sus egos personales. Esperemos que las autoridades electas den muestra de que “su sacrificio por amor a la ciudad” es verdadero y sigan el buen ejemplo de otras administraciones municipales en que los concejales solamente tienen dieta por sesión asistida y no sueldos ni múltiples y costosos, beneficios adicionales como es el caso del Concejo Municipal de Quito.  

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