El Distrito Metropolitano de Quito, viene adoleciendo gravemente de patologías que no han sido tratadas por las últimas administraciones municipales, me refiero especialmente a dos temas fundamentales para el desarrollo armónico que aseguren una convivencia pacífica, y defensa de nuestro patrimonio.
La primera es la seguridad entendida como un sistema integral que comprende vialidad, iluminación, espacios verdes atendidos eficientemente, descongestión, reordenamiento de las rutas de transporte público, optimización de las unidades de policía comunitaria con la presencia tanto de uniformados y vecinos que conformen los comités de seguridad ciudadana.
El segundo tema es la administración de justicia que se encuentra distanciada de los ciudadanos que acuden a resolver sus problemas jurídicos, verbigracia una unidad de flagrancia ubicada en la Av. Patria que atiende a un Distrito de más de dos millones y medio de habitantes, contrariando abiertamente los principios de economía procesal y celeridad, el sistema procesal es un medio de realización de la justicia y los retrasos en procesos por ejemplo de alimentos o rebaja de pensiones son dilatados, engorrosos y sin resolución.
La Constitución del 2008, determina taxativamente que la administración pública por principio debe desconcentrarse y descentralizar su atención pública para que sea eficiente y de calidad y para ello se requiere que el Distrito Metropolitano de Quito, como autónomo que es, ejerza su competencia coadyuvando esfuerzos con el Consejo de la Judicatura, Fiscal General, Ministerio de Gobierno, Asamblea, entre otros organismos, ejecutando el Proyecto de Descentralización y Desconcentración presentado por el suscrito que permitirá en las Administraciones Zonales, nueve, atender eficientemente a la ciudadanía, resolviendo sus casos jurídicos y de seguridad integral.