Decir que el Estado ecuatoriano carece de recursos económicos para solventar las jubilaciones de los docentes e incrementar las paupérrimas pensiones de los jubilados a fin de que, en los años que le quedan de vida, pueda hacerlo en forma digna, resulta francamente inconcebible; cuando, paradójicamente, le sobra capital para, de manera coincidente, incrementar sueldos a militares y policías, subsidiar sueldos de periodistas, ofrecer la construcción de viviendas en Cuba y hacer un verdadero y millonario dispendio de propaganda electoral… todo con el dinero de los ecuatorianos.
Es imposible creer que no se dé atención al clamor de los miles de maestros que, cumpliendo con los requisitos establecidos y cansados de tanta persecución y hostigamiento, muchos de ellos con enfermedades terminales, claman por acogerse a este beneficio, que constituye su exclusivo y legítimo derecho.
Igualmente, es de esperar que el Estado ecuatoriano, al margen de las elecciones futuras, proteja en forma prioritaria, a los miles de jubilados, cuyos míseros ingresos no les permiten vivir en forma decente, habida cuenta de que, debido a su extrema vulnerabilidad, requieren de medicación permanente, alimentación adecuada y especiales cuidados.