Encuentro en la edición del viernes 8 de junio de diario EL COMERCIO, un artículo de Enrique Ayala Mora en que se refiere a un arzobispo de Guayaquil que amparó a curas pedófilos, en un comportamiento que en Australia le hubiera merecido cuatro años de cárcel.
Por si acaso se refiere a mi persona, aclaro que, durante mi servicio como arzobispo de Guayaquil, se dio únicamente una denuncia de este orden, que determinó la apertura de un proceso, que culminó con sentencia de privación del estado clerical para el sacerdote acusado. Firmé esa sentencia con mucha pena, sea por el sufrimiento injustamente causado, sea por la traición a un servicio como el sacerdotal, vocacionalmente dedicado a la prevención y eventual reparación de toda maldad.
Me consta que ninguno de mis antecesores ni quien me sucede en el cargo han incurrido en la falta o el delito que señala el articulista. Doy por supuesto que la libertad de opinión no ampara la pública imputación de un delito inexistente.
Por lo demás, entendemos que la democracia considera legítima la expresión de criterios opuestos al régimen de turno, que no es lo mismo que el Estado, por parte de todo ciudadano, sea o no arzobispo.