Linchamiento mediático

La neofigura que creó la Ley Orgánica de Comunicación sirvió de base para el muy buen reportaje de Nancy Verdezoto, redactora de EL COMERCIO, quien trajo a debate lo que sostuvieron cuatro miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua (los juristas Rodrigo Borja y Fabián Corral, y los escritores Hernán Rodríguez y Simón Espinosa): el linchamiento mediático no existe más que como metáfora, pero que no debe ser aplicada en el campo de las leyes.

Así sería en estricta técnica jurídica; empero, a la luz del neoconstitucionalismo, la Carta Magna, antes que normas, contiene valores y principios como aquel de la presunción de inocencia de toda persona hasta que no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada (en firme).

En el Gran Diccionario de Sinónimos, de Fernando Corripio, Editorial Bruguera, tercera edición 1984, leemos: “Linchar.- Eliminar, liquidar, ajusticiar, lapidar, ejecutar, castigar, vengarse, ajustar cuentas, atropellar, abusar, acogotar”. El sentido de aquella figura jurídica es claro y preciso, pues norma una conducta humana cuyo objetivo es el fiel cumplimiento de un precepto constitucional; es decir, encierra una disposición de derecho que precautela aquella presunción de inocencia tan vinculada con el linchamiento mediático.

Del mismo modo, a lo mejor, habría que abandonar los métodos generales de interpretación muy propios de la hermenéutica jurídica tan arraigada a la que estábamos acostumbrados, para acudir a la forma establecida en el art. 427 de la Constitución, y usar así, el método racional.

¿Linchamiento mediático?

La denuncia de linchamiento mediático se originó en María Augusta Calle, asambleísta de PAÍS, acusando que medios del Ecuador lo pretendieron contra ella, cuando la procesaron en Colombia, bajo la tacha de estar vinculada con las FARC. Entonces, año 2008, encontrándose reunida la Asamblea Constituyente en Montecristi, intervine para cuestionar lo actuado en Colombia y demandar solidaridad con ella. No he conocido evidencias de lo que acusa María Augusta.

Se tipificaría el linchamiento mediático en la Ley de Comunicación, para llegar a la clausura de medios; y en el Código Penal Integral, para llevar a la cárcel a comunicadores, editores y propietarios de medios de comunicación. ¿Cuál será el tope para investigar y requerir información veraz sobre hechos y circunstancias, a fin de que no se tache de linchamiento mediático a la labor del periodismo de investigación? ¿Qué debe auto- censurarse el que opina para que no lo tachen de pretender el linchamiento mediático? Bajo esa figura, de haber estado tipificada la infracción en el siglo XIX, ¿lo habrían debido procesar a Juan Montalvo por incitador, porque a la muerte de García Moreno expresó “mi pluma lo mató”? Aquello de que la información veraz siempre debe pasar por ser contrastada, se estrella contra la realidad de quienes no quieren ser investigados. Si para contrastarla hay que acceder a fuentes de información controladas por quien diga sentirse acosado por la investigación y/o su entorno, o si aquel tiene protectores desde el poder, la condena al silencio sobre hechos o conductas, generará formas de encubrimiento.

A nivel mundial y en el Ecuador, aun sobre desviaciones producidas, las investigaciones de los medios de comunicación y de periodistas han evidenciado los mayores ilícitos que se ha pretendido silenciar por quienes coyunturalmente han sido poder.

El escándalo de Watergate, 1972, alcanzó dimensión por la denuncia y la investigación del Washington Post y los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward. Su consecuencia fue la renuncia del presidente Nixon. El Telégrafo de José Abel Castillo, 1895, hizo pública la denuncia del hecho histórico de la venta de la bandera, que fue el antecedente inmediato de 5 de junio de 1985, la Revolución Liberal y la primera presidencia de Eloy Alfaro. Dos acontecimientos en épocas y entornos diferentes, que con una legislación de tiranía habrían podido ser tachadas de “linchamiento mediáticos.

No habrá respeto a la libertad de prensa y de opinión si se la amenaza con sanciones administrativas y penales, bajo la tacha de “linchamiento mediático”, peor cuando los sancionadores y juzgadores se alineen con los que argumenten ser víctimas de las investigaciones y de las opiniones que se formulen.