Durante los próximos días se pondrá en discusión en la Asamblea el proyecto de Ley de Tierras y Territorios, materia de extrema importancia para el sector agropecuario y, por ende, para la actividad que constituye el 25% del PIB y representa la cuarta parte de la población económicamente activa. El agro es el segundo sector productor de bienes luego del petróleo, el futuro y la vocación natural del país. No es tema que pueda estar sujeto a sacudones ideológicos, es asunto vital para la subsistencia nacional.
Esta ley debe tener un altísimo contenido técnico y ninguno político, mirar hacia la producción del campo y no a su retaceo inconsulto. La revolución agropecuaria debe lograr la tecnificación del agro, la mejora en los sistemas de producción, la redistribución de las tierras del Estado, el incentivo y fomento de la productividad, especialmente de los pequeños agricultores, la eliminación del minifundio a través de sistemas asociativos solidarios, velar por la garantía de la soberanía alimentaria y por nuestra presencia en los mercados internacionales con productos de óptima calidad que generen ingresos para nuestro país.