Dos hechos referidos por los medios de comunicación pública, merecen comentarse:
Para la posesión del nuevo Presidente del IESS, la Superintendencia de Bancos debía revisar si el aludido funcionario tiene o no, algún impedimento para ello; y, solo si no existía ninguno, podía calificarlo favorablemente. Sin embargo, ciertas multas establecidas en su contra, mientras había sido funcionario del Instituto, lo impedían, llegando al extremo de tener que solicitar, el supuesto “organismo de control”, información al respecto al propio Seguro Social, después de ya estar posesionado.
Ribetes de otro color, tiene la “falta de inspección” en la recepción de dinero en Quevedo por parte de un ciudadano no autorizado, causando enormes perjuicios a muchas personas, poco instruidas, que creyeron salir de pobreza en poco tiempo, dada la enorme tasa de interés que les ofrecía (90% semanal), donde el problema social todavía no se lo siente en su real magnitud porque aún no aparecen todos los engañados.
En este asunto, si bien a ninguna de las dos Superintendencias le toca investigar el “delito” sino a la Fiscalía General del Estado y concomitantemente a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), no es menos cierto que las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular no son ajenas al tema, porque no se trata de un crimen o de un accidente de tránsito o del tráfico de drogas, por lo que no pueden estar satisfechas por haber ya informado a la Fiscalía, “unos días antes”, cuando la recepción del dinero venía, inclusive, haciéndose desde el mes pasado y según otros desde marzo.
La pregunta a dichas autoridades: ¿les falta o no iniciativas en sus trabajos?, porque señalar que se están haciendo “cursos de capacitación” para que la gente no sea estafada, creo que no es suficiente, porque hechos de esta naturaleza se presentan también en sociedades cultas y estamentos muy organizados como el propio Wall Street, de modo que si no se frenan con oportunidad estos hechos, el simple registro de los estafadores en los computadores de los dos organismos, no servirá de nada.
Ojalá no nos pase lo que sucedía con la Policía Nacional, hace algún tiempo, que estaba tan especializada que los de tránsito, no hacían nada pese a que se estaba asaltando a una persona en su presencia; y, los de la seguridad personal de los funcionarios públicos tampoco nada, aunque el robo se esté cometiendo delante de ellos.
Recordemos que, por disposición constitucional, las dos Superintendencias son organismos de vigilancia y como parte del Estado garantes de los llamados “derechos de protección” de las personas, concretamente su “tutela efectiva, imparcial y expedita, conforme lo señala el Art. 75 de la Carta Política y que para su accionar no necesitan recibir una denuncia, porque pueden hacerlo de oficio, conforme lo determina el Art. 213.