A propósito del artículo ‘Horario para ofender’, publicado en su edición del 22 de noviembre por el Dr. Pablo Ortiz García, con el cual concuerdo en su totalidad, me permito comedidamente complementar sus argumentos, con los siguientes: En efecto, el autor del artículo acierta al señalar, que el ostentar la calidad de servidor público trae consigo una obligación moral, no solamente en el ejercicio de la función pública que desempeña, sino primordialmente en el actuar de su vida privada. Así lo confirma el gran tratadista argentino Miguel S. Marienhoff, en su obra ‘Tratado de Derecho Administrativo’, cuando menciona que la falta de servicio: “… no solo puede resultar del ejercicio del cargo o función por parte del agente, sino también de su comportamiento en la vida privada, es decir, al margen de su función o cargo. Se ha dicho que la dignidad de la vida privada es una obligación funcional de los agentes públicos”. La realidad actual de la Función Judicial es un claro ejemplo de decadencia no solamente académica, sino moral. El actuar de ciertos funcionarios judiciales, jueces e inclusive abogados ha puesto en constante detrimento la reputación de quienes ejercemos la abogacía. Los funcionarios o agentes -como los denomina Marienhoff- que prestan sus servicios en la Función Judicial, deben ser ejemplo de honestidad y rectitud, no solamente en sus despachos, sino en su vida privada. El caso citado en el artículo es una indefectible muestra más de la errónea visión sobre la administración pública y judicial que existe en la actualidad.